En 1989, un Real Decreto establecía la posibilidad de incentivar la actividad investigadora del profesorado universitario mediante evaluaciones anuales que tendrían su repercusión en sus retribuciones económicas. Para dicha evaluación el Ministerio de Educación ha establecido desde 1994 los diferentes criterios de calidad que la regulan y su aplicación queda regida mediante la constitución de comités de asesores y expertos. Este sistema persiste en líneas generelaes en la actuialidad y en 2014 la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) acordó introducir algunos cambios tras constatar la dificultad de evaluar aquella producción no recogida en repertorios internacionales (“La CNEAI asume que hallarse incluida en dichos índices es garantía para que los contenidos publicados en una determinada revista tengan suficiente calidad. Más complicado resulta determinar cuándo existe una garantía de calidad en un medio de difusión que no aparece en índices internacionales, aunque pueda figurar en bases de datos o recopilaciones bibliográficas o hemerográficas, toda vez que la mera indización o indexación de una publicación sin asignarle lugar en un ránking no es en sí misma necesariamente un indicio de calidad”). Ante estas circunstancias la CNEAI publicó mediante una resolución de 26 de noviembre de 2015 una relación de criterios específicos aprobados para las distintas áreas de investigación, desde las matemáticas a las ingenierías pasando por el derecho, las ciencias económicas, la historia o la filología.
En el ámbito de las ciencias médicas se han establecido directrices y recomendaciones en siete puntos claros y concretos. El primero se refiere a los autores, donde expresamente se dice “que el número de autores no será evaluable como tal”. Quizás para no meterse en el berenjenal de evaluar artículos de prestigio publicados en revistas de prestigio firmados por 200 y 300 autores, donde la aportación de cada uno de ellos no puede ser más que insignificante. Si bien es encomiable y debe ser evaluable y reconocible por su importancia la participación de un investigador español en un estudio multicéntrico e internacional con tantos actores, se olvida en cambio el esfuerzo que han podido realizar otros autores, en solitario, en pareja o en pequeños grupos para “colocar” sus artículos en la misma revista de prestigio que ha publicado ese macroartículo de 300 autores. Existen indicadores antiguos que se llaman de la productividad y de la colaboración que no estaría mal que se rescatarán.
El segundo punto, ¡cómo no!, dice que se “valorarán los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales los que ocupen posiciones relevantes del listado correspondiente a su categoría científica en el Journal Citation Reports (JCR) Science Edition”. Sin comentarios. Abrumados, dominados, subyugados y rodeados por la “impactitis anglosajona” no conseguimos ver más allá, o mejor dicho, ver más acá, menospreciando todo aquello que no entra en el JCR, pues aunque teóricamente pueda tener una inferior calidad, también tiene su corazoncito. No resulta fácil establecer criterios homogéneos para considerar, como ya ha detectado la CNEAI, criterios para evaluar toda la producción científica de los investigadores, pero al mismo tiempo que sólo se valora el mérito de una publicación internacional (que sin duda es mucho dicho mérito) criticamos la escasa presencia del castellano en las webs y en internet cuando estamos casi obligando al profesional a publicar sólo en publicaciones internacionales, y pese a ello no se proponen iniciativas de recambio. Repertorios, índices y bases de datos donde se recoge la producción en castellano felizmente existen unos cuantos, tan sólo falta que su existencia se cuantifique y considere en las evaluaciones del investigador, del docente y del asistencial, con menor valor si se quiere que los indicadores del JCR, pero al menos con un valor por muy insignificante que sea, que significa que se apoya, cuantifica, considera y evalúa lo que también se publica en castellano o en otras lenguas de nuestras autonomías.
El tercer punto, dedicado a libros y monografías, al menos destaca la importancia de la publicación de estos tipos de documentos, pero sus recomendaciones son tan genéricas (“Se tendrá en cuenta el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en que se publica la obra y las reseñas recibidas) que resulta poco menos que imposible su evaluación porque ¿cómo se mide el prestigio internacional de una editorial? ¿por el número de premios Nobel que han publicado en ella o formen parte de sus comités? ¿Por sus tiradas de miles de ejemplares? ¿Por el número de descargas y fotocopias ilegales? ¿Por el precio de sus publicaciones? Y, ¿cómo se mide la importancia de la colección? ¿Y las reseñas? Si seguimos los criterios del JCR, siempre valdrá más una reseña en el New York Times que en El País. Sin la existencia de unos necesarios criterios objetivos que alguna vez sería interesante que se establecieran y publicaran, la evaluación de documentos como libros y monografías quedan, parece ser, al criterio subjetivo de los evaluadores. Y conviene, más temprano que tarde, que se especifique con claridad, para evitar problemas en las evaluaciones de los curriculums, qué se entiende por un libro publicado en una editorial internacional o en una editorial nacional. ¿Es menos internacional un libro publicado en Madrid y Buenos Aires –en ese orden- que un libro publicado en Nueva York y Barcelona -en ese orden-?
El cuarto punto afecta a las patentes, lo que es lógico dada su creciente presencia en el mundo de la investigación, y el quinto afecta a los documentos no evaluables, como casos clínicos, comunicaciones y cartas, echándose en falta que por su especificidad en el ámbito de las ciencias de la salud no empiecen a valorarse de una vez por todas documentos como las revisiones sistemáticas o las guías clínicas, que sujetas a unos criterios objetivos de evaluación, podrían competir en igualdad de condiciones con los artículos, con los libros y con las patentes. Bien es cierto que son documentos más cercanos al mundo asistencial que al del investigador, pero han surgido, como muchos artículos, de un proceso investigador modélico.
Y el sexto punto nos recuerda, de nuevo, la necesidad de publicar nuestros artículos en revistas del JCR con posibles y diferentes combinaciones, como si fuera la bonoloto o las quinielas (2 en el primer cuartil y tres en el segundo; tres en el primero, uno en el segundo y otro en el tercero; o cuatro en el primero y otro en alguno de los otros cuartiles). Es de esperar que no dentro de muchos años también pueda leerse dentro de estas recomendaciones para la evaluación investigadora que se consideraría la inclusión de un artículo en Scielo, en Dialnet, en Medes, en IBECS o en Latindex. Aunque valgan la mitad o la cuarta parte. Quizás así no tendríamos que lamentarnos, con la boca pequeña, de la escasa presencia del castellano en las redes, y de paso daríamos un impulso y un reconocimiento a cuantas herramientas en castellano, contra tiempo y marea, luchan por almacenar, reseñar, difundir y comunicar la existencia de inteligencia humana más allá de las fronteras del JCR.
(José Manuel Estrada. Bibliotecario y documentalista)
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